Santo Domingo. La Cámara de Diputados vivió un momento tenso y poco habitual cuando la diputada Selineé Méndez rompió el silencio y denunció públicamente una supuesta red de extorsión digital que, según afirmó, estaría lucrándose con publicaciones relacionadas con su vida personal. Méndez acusó a grupos organizados de usar plataformas sociales para difamar, manipular narrativas privadas y luego exigir entre 10,000 y 50,000 pesos para eliminar los contenidos. “Si tú eres loca, la justicia aquí no”, declaró con firmeza la legisladora, advirtiendo que ha iniciado acciones legales contra quienes —a su juicio— operan como una “asociación de malhechores” dedicada a mercadear información personal de figuras públicas.
El tema también fue analizado por el comunicador Robert González durante su espacio TELE DIARIO, donde socializó el debate con su audiencia y repasó la evolución de las plataformas digitales desde los tiempos en que Mark Zuckerberg impulsó Facebook como mecanismo de comunicación instantánea. González destacó cómo ese fenómeno global abrió las puertas a otras redes como WhatsApp, Instagram, Twitter —hoy transformado tras ser adquirido por Elon Musk— y más recientemente TikTok, todas convertidas en escenarios donde un simple “post” puede multiplicarse viralmente, con un poder capaz de construir reputaciones… o de destruirlas.
Durante su intervención, Méndez describió con indignación cómo publicaciones sobre su vida familiar han sido difundidas hasta llegar a su propio hijo adolescente, hecho que —según dijo— marcó el límite de su tolerancia. Aseguró haber recibido presiones directas y hasta intentos de chantaje para retirar acciones legales ya iniciadas. La diputada denunció además que, tras su anuncio, comenzaron a aparecer nuevas publicaciones “una por día”, lo que calificó como una represalia. “Esto es peor que vender droga; es un crimen convertido en negocio”, afirmó, comparando estas maniobras con prácticas delictivas graves.
La legisladora también mencionó que no es la única víctima. Recordó que figuras como Guido Gómez Mazara han denunciado casos similares y que el propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, vivió episodios de presión y difamación que afectaron su entorno familiar. Méndez insistió en que la vida privada debe ser un límite claro y que las redes sociales no pueden convertirse en herramientas de destrucción personal ni de extorsión profesionalizada. Su llamado concluyó con un mensaje directo: “No quiero acuerdos; quiero justicia”. Su denuncia reabre el debate sobre el uso ético de las plataformas digitales y el deterioro del ejercicio comunicacional, en un país donde cualquiera puede convertirse en víctima en cuestión de segundos.
